El golpe cívico-militar que hace 47 años instaló en Argentina el período más oscuro de la historia nacional, tuvo un claro objetivo: instalar a sangre y fuego su plan económico que incluía la necesaria desvinculación de la alianza que operaba entre la acumulación de capital y los niveles salariales propios del Estado de Bienestar. El economista Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) y asesor de la Federación Aceitera y Desmotadora, explica estos procesos perpetrados a través del terrorismo de Estado que también incluyeron el secuestro de 143 empresarios con el fin de robarles la propiedad de sus empresas.

A 47 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿cómo podemos enmarcar al plan económico que instalaron a través del terrorismo de Estado?

Sergio Arelovich – Terminada la segunda Guerra Mundial y en competencia con el socialismo realmente existente, los países centrales capitalistas promovieron lo que se conoció como el Estado de Bienestar, que tuvo versiones diferentes según los lugares, épocas y momentos en los cuales se experimentó sobre esa base. En el caso de la Argentina, el Estado de Bienestar llegó centralmente de la mano del peronismo que implicó en principio una suerte de acuerdo implícito, que se asentaba sobre la base de que lo principal de la acumulación del capital estaba asociado con el desarrollo del mercado interior y por lo tanto de un poder de compra de la población asalariada, como vector de sostenimiento de altos niveles de consumo. El Estado de Bienestar tenía esta confluencia. Se requería de un poder de compra importante por parte de la población asalariada para que esto permita la acumulación del capital, sobre todo en la fracción de la burguesía local, nacional y atada al mercado interior. El tema es que esto impedía nuevos saltos en la acumulación del capital y a su vez otorgaba poderes casi extraordinarios a las representaciones sindicales a la hora de la negociación salarial.

La propia transformación del capitalismo, fundamentalmente a partir de la instalación de la dictadura, se propuso quebrar esta alianza obligada  entre el empresariado y los trabajadores. A esto apuntó la dictadura del 76: a desvincular la tasa, condición y dinámica de la acumulación del capital de los niveles salariales. Y es lo que consiguió en una primera fase.

Sobre esta base podemos explicar un conjunto de transformaciones que hubo durante la dictadura, por ejemplo, la asociada con el papel del capital extranjero por un lado, y la del capital local por el otro. Hay algunos hechos que me parece importante destacar. Si uno mira la foto del 76 y la del 83, lo que encuentra es que el capital local había experimentado en el caso de la Argentina un fuerte crecimiento a expensas del capital extranjero que se retiró, quedando en manos del capital local un conjunto de empresas o ramas de actividad importante, como por ejemplo, las automotrices. General Motors se fue de Argentina durante la dictadura porque buena parte del complejo automotriz se lo quedaron grupos locales como el grupo Macri.

En general uno podía asociar la dictadura con favorecer al capital extranjero, pero lo que hizo fue constituir y consolidar una nueva configuración del capital local que ya no se trataba solamente de la expansión económica de las viejas empresas sino que esa expansión se transformaba y se extendía a otros rubros de actividad. Lo que empezó a ocurrir con las empresas que eran grandes previo a la dictadura es que se transformaron y se extendieron a otras ramas de actividad. En la casi totalidad de los casos terminaron absorbiendo o asociándose con entidades financieras de la mano de la reforma financiera de 1977.

La foto del 83 muestra grupos económicos de origen local que están expandidos a un conjunto de ramas de actividad y cada una de las ramas de actividad asistidas con instrumentos de naturaleza financiera, fundamentalmente bancos. Esto le otorgó un poder enorme al capital local que estaba extendido a un conjunto de ramas de actividad y no circunscripto a la especialización que había tenido. Eso es lo que permite explicar por qué el proceso de privatización durante los años noventa tuvo las características y las facetas que tuvo. Sin esta consolidación de esta burguesía local hubiese sido imposible el proceso de privatizaciones.

Una nota de color: la Comisión Nacional de Valores, cuando Alejandro Vanoli era Presidente, trabajó en la preparación de un informe muy interesante en el que cuenta, por ejemplo, que durante la dictadura – según los registros que se pudieron recomponer- hubo 143 secuestros de empresarios con el objetivo de quedarse con sus empresas. La mayoría de esos operativos fueron un éxito para la cúpula militar que los promovió. De los 143 empresarios hay 11 que permanecen desaparecidos. Entre las tareas de “transformación” que impulsó la dictadura, no solamente se ocupó de desvincular la acumulación del capital del poder de compra del salario que consiguió a partir de la reforma financiera de 1977, sino que también secuestró a estos 143 empresarios locales con el fin de robarles la propiedad de las empresas. El caso de Papel Prensa es el más conocido pero no se reduce a ese caso. Inclusive la lista incluye las fechas de desaparición: José Siderman (24/03/76); Alejandro Iaccarino (4/11/76); Rodolfo Iaccarino (4/11/76); Carlos Iaccarino (4/11/76); Federico Gutheim (5/11/76); Jorge Rubinstein (14/03/77). Son nombres desconocidos pero formaron parte de la estrategia de la dictadura. Algunas de esas empresas medianas o mediana-grandes se las quedaron los militares.

¿Cuáles fueron algunos de los empresarios o grupos que más se enriquecieron durante los años que duró la dictadura?

Sergio Arelovich – Los grupos vinculados a la industria automotriz como el grupo Macri o el grupo Techint que se extendió a otras ramas de actividad. Terminaron siendo corporaciones que se transformaron en proveedores del Estado, ya sea de bienes o de servicios. Buena parte de la acumulación de capital conseguida por esta transformación generada durante la dictadura, terminó convirtiendo a jugadores de buen peso en proveedores del Estado durante esos años. Estos empresarios pasaron de ser proveedores a propietarios de empresas privatizadas durante los años noventa. Ahí hay un hilo interesante. Durante la dictadura se hicieron grandes a expensas del capital extranjero, con la mano fuerte que le dio el Estado Nacional, y durante los años noventa estos grupos económicos fueron los principales beneficiarios del proceso de privatización de agua, gas, petróleo, peajes, etcétera. Si Techint a través de una de sus fábricas proveía de tubos al Estado Nacional para las obras de gas, durante los noventa la concesión de la exploración y explotación del gas hizo que estas empresas beneficiarias se contraten a sí mismas para reforzar el negocio de la venta de tubos.

En la industria metalúrgica había tres empresas: Acindar, Somisa y Altos Hornos Zapla. Somisa y Altos Hornos eran propiedad del Estado. Cuando vino el proceso de privatización, se extranjeriza Acindar, el grupo Techint se queda con Somisa, Altos Hornos Zapla pasaría por varias mano y entre ellas Minera Aguilar.

El primer trabajo de investigación que hacen Miguel Khavisse, Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, que se llama ´El poder económico en Argentina en los años 80´*, hace referencia al proceso de transformación por el cual durante la dictadura estas empresas dedicadas a una rama de actividad pasan a tener una estructura en la cual se expanden en sus negocios arrancando nuevas ramas de actividad. Las nuevas firmas de Pérez Companc: en 1977 incorpora a la Pesquera San Carlos y a la aceitera Santa Margarita que antes tenía una participación del Estado. En 1979 incluye Sierra Grande y Complejo Cerro Castillo. En 1981 se queda con Pecom, de Brasil, y con Helados Laponia.

*Después del golpe de 1976, la estrategia adoptada por el grupo económico de Garovaglio y Zorraquín, vinculado con la industria azucarera, pasó por la profundización de su inserción en dos sectores en los cuales el grupo ya se encontraba operando: el bancario y el petroquímico. Durante la última etapa de la dictadura y con posterioridad a las grandes remezones que sufre el sector, adquiere otros dos bancos, crea una compañía de seguros y adquiere una participación en otra empresa bancaria radicada en EEUU, creada por un pool de bancos nacionales. Todos estos avances convierten al grupo en uno de los operadores más importantes del sistema bancario argentino. 

Esos grupos empresarios enriquecidos en la dictadura, ¿son los mismos que hoy detentan el poder económico?

Sergio Arelovich – Sí, porque además cuando la cosa se pudrió en la década del noventa, estos grupos que en algunos casos eran partícipes minoritarios del proceso de privatización, no quisieron poner un centavo. Cuando vieron que la mano se oscurecía vendieron su participación accionaria y fugaron el producido de esas ventas. Ocurrió en el caso de la Fortabat (Amalita), cuando Loma Negra terminó convirtiéndose en una empresa de capitales extranjeros cien por ciento y la venta de las acciones que tenía el grupo local la terminaron cobrando en Brasil.

Recientemente murió Pedro Blaquier, con casi cien años, impune y con un patrimonio de 490 millones de dólares…En relación con los delitos económicos durante la dictadura, quedan muchas heridas por cicatrizar…

Sergio Arelovich – Sí, porque la democracia que supimos conseguir nunca avanzó sobre esto, como el caso de Papel Prensa que sigue en manos de Clarín y La Nación. Tampoco se tocaron los regímenes legislativos que favorecieron este proceso. La Ley de Entidades Financieras sigue vigente desde la dictadura. La ley de Inversiones Extranjeras que se aprobó durante la dictadura no se modificó durante la democracia. Prácticamente no hay ningún tipo de regulación legislativa y las empresas extranjeras pueden hacer cualquier cosa, remitir cualquier volumen de utilidades sin que pase por ningún tamiz. O inclusive lo que hicieron varias empresas post dictadura y también durante el gobierno de Cristina, que es la reducción de capital. El Banco Central durante el gobierno de Cristina generó un conjunto de limitaciones para distribuir utilidades y remitirlas al extranjero. Si tenés un capital de mil millones de dólares, lo reducís a doscientos millones y girás ochocientos millones, no en concepto de utilidades sino como reducción de capital. Es un recurso regularmente utilizado y como no está prohibido, por defecto está permitido.

O también la transformación societaria, que ya no tiene que ver directamente con la dictadura pero sí con la legislación de entonces que sigue vigente. En 2001, la mayoría de los bancos extranjeros no respondieron a los retiros de los depositantes aduciendo que no tenían una casa matriz de naturaleza financiera. Durante el gobierno de Menem, la mayoría de las entidades de capital extranjero tenían el siguiente formato: eran sucursales locales de bancos de capital extranjero. Antes del quilombo del 2001, la mayoría cambió de forma societaria: en lugar de ser sucursales locales de bancos de capital extranjero, pasaron a ser bancos locales de capital extranjero cuya casa matriz bancaria no existe. Por lo tanto, el respaldo es cero. Estas cosas fueron posibles como consecuencia de la legislación de la dictadura y por lo que no hizo la democracia para cambiar esto en términos legislativos y tampoco en materia regulatoria.