A un año de la aprobación de la Ley 14.003 de Adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 27.348 -conocida como Ley de ART-, los números en la provincia de Santa Fe son contundentes: durante 2021 se produjeron 40.318 accidentes laborales, lo que equivale a 110 accidentes diarios. Las cifras van a contramano de uno de los argumentos que esgrimían los sectores que impulsaron su aprobación, quienes aseguraban que la ley ayudaría a prevenir accidentes. Con el diario del lunes, quienes sí confirmaron tristemente sus advertencias fueron aquellos gremios, políticos y abogados laboralistas que prendían luces de alarma frente a la adhesión a la Ley de ART. Esos mismos actores son quienes hoy vienen exigiendo la derogación. La prevención que brilla por su ausencia, los derechos vulnerados y las enfermedades invisibilizadas: algunas de las cosas que pasan cuando ponen al lobo a “cuidar” a las ovejas.  

Uno de los puntos clave que trajo aparejada la adhesión santafesina a la ley nacional de ART fue la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas. Esta obligación atenta directamente contra el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras de poder acceder libre y directamente a la justicia ante un accidente o enfermedad laboral. La diputada provincial del PJ, Matilde Bruera, quien presentó un proyecto de ley para derogar la adhesión provincial a la Ley nacional, explica: “Un derecho que se vulnera directamente es el acceso a la Justicia porque cualquier persona que reclama un derecho puede ir ante un juez. En este caso sería cualquier persona menos los trabajadores porque se les está impidiendo ir a un juez y se los manda a una comisión médica que es parte de la demandada”.

Según la definición oficial, las ART son ´empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación´. La diputada Bruera detalla el funcionamiento y la lógica del sistema: “La comisión médica depende del sistema de Riesgos del Trabajo. Es una comisión que está creada para rechazar, no para analizar la salud. Es creada expresamente para rechazar los reclamos”. El planteo de Matilde tiene su correlato en los números: “En este año de vigencia de la ley provincial han sido rechazados el 98% de las enfermedades laborales y casi un 90% de los accidentes”. Por lo tanto, otro elemento se suma a la lista de los derechos fundamentales vulnerados: el derecho a la salud de los trabajadores. “Las ART no atienden a los trabajadores sino que los derivan. Y además no responden indemnizatoriamente a los deterioros en la salud. Por eso tienen que acudir a las obras sociales de los sindicatos”.

Según los propios registros oficiales, durante el año pasado hubo 110 accidentes laborales por día en la provincia de Santa Fe y 2.552 personas enfermaron por causa del lugar o del tipo de trabajo. Matilde no duda cuando afirma que prácticamente se abandonó la prevención. “Uno de los argumentos principales que esgrimían quienes propiciaban esta ley era que se iba a reforzar el sistema de prevención de riesgos. Pero no hay ninguna prevención, no hay control, no hay inspección. Eso es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Decimos que la situación que ha creado esta legislación es grave porque se abandonó el control y la prevención”.

La actual ley nacional de Riesgos de Trabajo fue sancionada en 2017 por impulso del gobierno comandado por Mauricio Macri. Santa Fe fue una de las últimas provincias en adherir a la ley nacional por la resistencia que opuso en su momento un sector del sindicalismo. Sin embargo, bajo el impulso del entonces Ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, la Ministra de Producción Alicia Ciciliani, un sector patronal y la connivencia de parte del sindicalismo, hace un año se terminó aprobando la adhesión. Matilde se encarga de subrayar que la prevención de los accidentes de trabajo no sólo es responsabilidad de las empresas sino “fundamentalmente del Estado”. Por eso señala que si “el Estado ha aprobado una ley que es absolutamente regresiva y negativa en materia de prevención de enfermedades y accidentes”, es también el Estado quien “tiene que asumir la responsabilidad de derogarla”.

Con la firma de los y las legisladoras Paola Bravo, Carlos Del Frade, Lucila De Ponti, Agustina Donnet, Rubén Giustiniani, Dámaris Pacchiotti y Palo Oliver, Matilde Bruera presentó en la Cámara Baja un proyecto para derogar la ley 14.003 de adhesión a la ley nacional de ART. La diputada aclara que el proyecto “fue elaborado en conjunto entre algunos gremios como Aceiteros y los abogados laboralistas”. En pocas palabras, resume el objetivo central del proyecto: “La idea eje de esta derogación es eliminar la obligatoriedad de las comisiones médicas. Que los trabajadores que reclamen por una enfermedad o accidente de trabajo, cuando eso es necesario, puedan acudir directamente a la justicia como cualquier ciudadano”.

Otro argumento que esgrimían los impulsores de la ley era la supuesta eliminación de la llamada por ese mismo sector “industria del juicio”. Matilde Bruera responde: “No existe la industria del juicio, lo que existe es la industria de los incumplimientos laborales. Cuando se violan las leyes laborales, ir a reclamar ante un juez es un derecho. Si las empresas no quieren tener muchos juicios en contra, la solución es mucho más sencilla: cumplir con las leyes laborales y con la prevención de los accidentes de trabajo”. Pero además Matilde repara en lo perversa que resulta la denominación de “industria del juicio”. “Una de las cuestiones que establece el proyecto de ley que se presentó es que los trabajadores tienen que ir asesorados, ya sea a la instancia administrativa o a la instancia judicial, con un abogado. Porque esta campaña tiende a que los trabajadores queden sin asesoramiento jurídico y se conformen con cualquier oferta o se resignen al rechazo”.

Sobre los tiempos legislativos y las chances de ser aprobado el proyecto de ley que ingresó en la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, Matilde advierte que dependerá “de la campaña de concientización que se haga alrededor de los efectos que ha tenido esta ley”. Al mismo tiempo, refuerza la idea de que “no eran sólo anuncios u opiniones sesgadas de quienes votamos en contra sino que los efectos nos han dado la razón”. Sobre el debate que comenzará alrededor del proyecto, Bruera sostiene la necesidad de que “participen los trabajadores, sobre todo de los rubros más afectados”.

De aprobarse la derogación las comisiones médicas volverán a ser una opción voluntaria y no obligatoria. Incluso, según explica la diputada, si en el medio del trámite ante la comisión médica, la trabajadora o el trabajador decide recurrir ante un juez porque no ha tenido la respuesta que esperaba también puede hacerlo. “Hay que tener en cuenta que siempre el que reclama un derecho es la parte más débil. Entonces, hay que abrirle caminos, no cerrarlos”. Por último, Matilde apunta hacia un horizonte fundamental en materia de la salud laboral: “Asumir el tema de la salud de los trabajadores en los Comités Mixtos. Se propone que funcionen los Comités Mixtos y la prevención. Y además que se hagan los controles necesarios en materia de salud laboral”.