El Decreto 33302, dictado el 20 de diciembre de 1945, establecía el aumento de los salarios, la aplicación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVYM), la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones y la instauración del aguinaldo. En esta tercera y penúltima entrega sobre el tema, el historiador Leonidas Noni Ceruti relata el debate que tuvo lugar entre los gremios, los empresarios y los partidos políticos luego de la sanción del decreto.

Por Leonidas Noni Ceruti

Pasaban los días y el Decreto 33302 no se cumplía. Los conflictos surgidos a partir de su sanción, se harían más fuertes a partir del 7 de enero de 1946, día en el que vencía el plazo para su aplicación. Comenzaron a producirse asambleas y actos masivos tanto defendiendo como oponiéndose a la medida.

Quienes respaldaban el decreto, en primer término los trabajadores, luego los seguidores del gobierno y de la candidatura de Perón a la presidencia para las elecciones de febrero, aseguraban que se trataba de un instrumento de avanzada legislación social, que contaba con el apoyo unánime de todos los asalariados del país.

Quienes se oponían, la Junta Ejecutiva del Comercio, la Industria y la Producción, los auto denominados “sindicatos libres” y los partidos políticos opositores, planteaban que la medida era inconstitucional, su esencia demagógica, autoritaria, dictatorial y su finalidad electoralista, por lo que llamaban a los empleadores y trabajadores a entenderse directamente a través de sus instituciones representativas y libres para la concertación de convenios.

Desde la Unión Democrática, atacaron la medida, a la que entendían como una “cruda demagogia electoral”, una disposición destinada a “someter y domesticar los sindicatos libres”.

Y dio a conocer un comunicado que decía entre otros conceptos “Lo importante en el Decreto mencionado es la maniobra nazi-fascista típica que pretende acabar con los sindicatos obreros y convertirlos en simples instrumentos de la nueva oligarquía que pretende someter al pueblo argentino a sus designios. El aguinaldo es el sebo para engañar, es el anzuelo, pero el propósito es domesticar a la clase trabajadora para luego utilizarla con fines bastardos. En dicho decreto queda probado el plan de castramiento paulatino de los sindicatos obreros. Antes fueron las intervenciones. Ahora es la dádiva, previa la entrega. Es el coronamiento de una larga e intensa campaña demagógica desarrollada bajo el amparo y con el estímulo de la Secretaría de Trabajo y Previsión”.

Por su parte, el Comité Universitario Radical de la Capital Federal, dijo en un manifiesto que el decreto “causará la ruina del comercio y la industria”.

Victorio Codovilla, el secretario del Partido Comunista (PC), no se contuvo, y declaró: “El aumento de los salarios debe ser el resultado de las luchas organizadas de la propia clase obrera; el objetivo del peronismo consiste en hacer ciertas concesiones provisionales a algunos sectores obreros para destruir sus organizaciones independientes y de clase, y forzarlas a entrar en sindicatos estatales”.

En el órgano de prensa del PC, en esos días se podía leer “El decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, es de típico corte nazi. Su objeto es liquidar los sindicatos independientes, y colocar a toda la clase obrera bajo la férula del Estado, de la misma manera que se hizo en la Italia fascista o en la Alemania nazi”.

Posteriormente, el PC, aplaudió el lock-out, reafirmando que el mismo tenía “un contenido de lucha contra el fascismo”.

Los sindicatos orientados por los comunistas, que eran entre otros la Federación Obrera Nacional de la Construcción, el Sindicato de la Industria Metalúrgica, y la Federación Obrera de la Alimentación, se pronunciaron por las medidas aprobadas por los patrones, repudiando el decreto “por entender que se pretende materializar una vieja aspiración fascista: la corporativización del movimiento obrero”.

La Vanguardia, órgano de prensa del Partido Socialista, prefirió resaltar otros aspectos de ese hecho histórico en materia de legislación laboral, y en un editorial manifestó: “Queremos llamar la atención acerca del carácter político electoral del decreto y puntualizar la orientación nazi fascista contenida en algunas de sus disposiciones principales. (…) Los artículos 77 y 78 disponen un principio que es novísimo en la legislación argentina y que tiene filiación directa y notoriamente nazi fascista, como que tiende a convertir a los gremios en órganos controlados y manejados directamente por la Secretaría de Trabajo y Previsión”.

El diario La Prensa, cubrió las acciones de las dos expresiones, pero lo hizo de diferente manera. De los actos organizados por el oficialismo, los discursos fueron sólo parcialmente reproducidos, marcándose la presencia de los asistentes en mangas de camisa y enfatizando los disturbios causados en sus desconcentraciones.

En cambio, los eventos de la Unión Democrática y de los “sindicatos libres”, fueron mostrados como reuniones de ciudadanos que se comportaban desde el inicio hasta el fin de los encuentros según las reglas de convivencia y sus discursos fueron transcriptos en forma completa. Esta toma de posición del diario también se plasmó en la forma en la que transmitía las noticias. El día del vencimiento del plazo para hacer efectivo el decreto, se centró en transcribir los discursos de quienes se oponían a su aplicación, dejándole un lugar menor a la noticia oficial.

Del mismo modo, aparecían anuncios de gremios que exigían el cumplimiento del decreto y otros que hacían llamados a la negociación directa con los patronos. Estos últimos siempre contaban con un lugar y un tamaño destacado.

En sus editoriales, La Prensa, señalaba en congruencia con lo planteado por los opositores al decreto, su carácter electoralista y se centraba en criticarlo a partir de la premisa de que restringía las libertades económicas e impulsaba a debilitar la libre organización sindical.

Para el matutino, las medidas del decreto en tanto problema económico, eran incumbencia de la sociedad civil y debían resolverse con la prescindencia del Estado. Llamaba a la realización de acuerdos en ámbitos privados, entre los empresarios y los trabajadores, respetando los derechos y obligaciones de ambos.

Adicionalmente, las críticas se concentraban en señalar la forma en la que se había implementado la medida, mediante un decreto del Ejecutivo. “Es la forma de legislar por decreto, sin sujeción a las normas constitucionales y sin las garantías que ellas aseguran, lo que infunde desconfianza y alarma. Se afirma la pública convicción de que fuera del régimen orgánico de las instituciones cuyo funcionamiento regular está interrumpido, todo es frágil e ilusorio”.

De ese modo, planteaba que el Estado no debía intervenir en las relaciones económicas y que de hacerlo, debía seguir los procedimientos constitucionales para asegurar la legitimidad y la fortaleza de la medida.

Pasaban los días y no se pagaba el aguinaldo. Colas de obreros reclamaban en la Secretaría de Trabajo. El ministro Mercante debió recordar que el decreto daba plazo a los patrones hasta el día 7 de enero de 1946, para hacer los pagos.

A los pocos días llegaría el lock-out (paro) de tres días de los patrones del campo, la industria y el comercio.

 

Links de las notas anteriores:

DECRETO 33.302: SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, AGUINALDO, INSTITUTO NACIONAL DE REMUNERACIONES

LA REACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y EL CAMPO ANTE EL DECRETO 33.302